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Caso contra alto mando de Ríos Montt



Durante las treinta y seis años del conflicto hubo períodos de alta intensidad y períodos de baja intensidad en términos de las actividades de las fuerzas armadas involucradas. Varios estudios demuestran muy claramente que la época de la más alta intensidad del conflicto tuvo lugar durante los años 1981 hasta 1983. Por intensidad, se refiere a la cantidad de muertos, desplazados, heridos, torturados y varias otras formas de sufrimiento. Durante los años 1981 hasta 1983 el Ejército de Guatemala adoptó una estrategia mucho más agresiva con respecto a los veinte años previos. Sobre todo, las fuerzas armadas estatales optaron para atacar no solo a los integrantes combatientes de las fuerzas guerrilleros, sino también atacaron las áreas donde se consideró que hubo bases de apoyo social para las fuerzas guerrilleras. Estas áreas yacieron sobre todo en los departamentos de Huehuetenango, El Quiché, Baja Verapaz y Chimaltenango. Los lugares donde las fuerzas armadas del Estado de Guatemala sospecharon que hubo bases de apoyo social para las fuerzas guerrilleras eran casi exclusivamente poblados por miembros del grupo étnico de ascendencia maya de Guatemala. Las fuerzas armadas del Estado de Guatemala, durante estos años de 1981 hasta 1983, fueron dirigidas por una política institucional anti-comunista que identificó los miembros del grupo étnico de ascendencia maya en los departamentos ya mencionados como simpatizantes de la ideología comunista de las fuerzas insurgentes y por eso, ordenó su destrucción. La política de destrucción del grupo étnico de ascendencia maya en las áreas ya mencionadas fue llevada a cabo por matanzas masivas de miembros de este grupo, por el desplazamiento masivo de dichos miembros del grupo en condiciones destinadas a eliminar su vida, y por las lesiones graves físicas y psicológicas infringidas por las fuerzas armadas del Estado de Guatemala. La misma política de destrucción requirió ataques contra la población civil de la cual los pueblos mayas ya mencionados formaron parte. Tales ataques incluyeron actos inhumanos de matanzas, exterminaciones, ejecuciones extra judiciales, desapariciones forzadas, tortura incluyendo violación sexual, atentados sobre la dignidad personal, trato cruel, mutilaciones, ultrajes sobre dignidad personal, persecuciones y destrucción de propiedad.

Un largo camino hacia la justicia por Genocidio

En el 2001, la Asociación para la Justicia y la Reconciliación -AJR- fundada por 22 comunidades de cinco regiones del país donde se cometió genocidio, interpuso una denuncia ante el Ministerio Público contra el alto mando militar de Efraín Ríos Montt por genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos mientras actuó como jefe de estado entre marzo del 82 y agosto del 83, en el marco de una política militar que llamó “tierra arrasada”.

Desde ese entonces, la AJR ha exigido a las autoridades la pronta justicia por estos graves delitos, habiendo pasado más de siete años sin que el caso tuviera avances en la investigación, demostrando las autoridades del Ministerio Público – MP - de esas fechas, un total desinterés en las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno.

En el año 2006 la AJR solicitó al MP recabar información sobre varios planes militares en los que podría existir información sobre lo ocurrido durante el conflicto armado interno, siendo estos, “Victoria 82”, “Firmeza 83”, "Operación Ixil" y “Plan de Operaciones Sofía”, este último ejecutado en la región Ixil entre julio y agosto del 82.

En el año 2007 el juez a cargo del caso autorizó la revisión de los documentos requeridos, sin embargo el Ministerio de la Defensa se negó a entregarlos argumentando que están protegidos por el secreto militar. Después de una serie de luchas legales, en 2009 la Corte de Constitucionalidad ordenó la revisión de los documentos. Cayendo en total desacato, el Ministerio de la Defensa entregó únicamente dos planes de campaña, uno de ellos incompleto, aduciendo que los otros dos están desaparecidos.

Un documento se considera secreto militar o secreto de Estado cuando su conocimiento público ponga en riesgo a cualquiera de los elementos que conforman el Estado, sin embargo, ESO NO OCURRE con los planes militares solicitados puesto que son documentos de los años 80s considerados históricos.

En diciembre de 2010 la Comisión de Desclasificación de los Archivos Militares, creada por el gobierno el 5 de marzo 2009 para buscar documentos militares, informó que no se han encontrado documentos del año 1980 a 1985, períodos que corresponden a los gobiernos de Romeo Lucas García, Efraín Ríos Montt y Oscar Mejía Víctores, años en los cuales la CEH refiere se cometieron hechos de genocidio.

Durante el proceso jurídico también se ha recusado a un Juez y se han interpuesto una serie de recursos legales sin fundamento, por parte de los asesores de uno de los imputados, que solo pretenden obstaculizar la justicia e impedir que se lleve a juicio a los autores intelectuales del genocidio en Guatemala.

Para los sobrevivientes de estos graves crímenes, este caso está logrando que se conozca y se investiguen todos los hechos que constituyen el genocidio como resultado de las estrategias militares que pusieron en riesgo la existencia de comunidades enteras. Poco a poco, las comunidades avanzan en la lucha contra la impunidad, no sólo para conocer la verdad, sino para lograr justicia y garantizar que esto no se repita. Los riesgos son constantes y llegar ante los tribunales es el resultado de la valentía de miles de sobrevivientes que han roto el silencio y el miedo, a pesar de las amenazas, la negativa de justicia y la indiferencia social ante lo que padecieron. La voz de los sobrevivientes ya se levantó, la memoria esta retoñando y “queremos cosechar justicia”.

LA JUSTICIA DE ESTOS GRAVES DELITOS GARANTIZA QUE NO SE VUELVAN A COMETER


 
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